El objetivo, según los empresarios, es optimizar sus servicios pensando en los usuarios.

Es la primera vez, por los menos en el último año, que los directivos de las compañías de telecomunicaciones están de acuerdo en una premisa: invertir dinero para desplegar mayor infraestructura y así mejorar los servicios que ofrecen en Colombia.

Esa fue la gran conclusión a la que llegaron los altos representantes de compañías como Claro, Movistar, TigoUne, Directv y ETB, entre otras, durante un debate que se realizó la semana pasada en Medellín en el marco del vigésimo congreso de Andesco.

Los empresarios concordaron, sin embargo, en que el nuevo gobierno debe disminuir las cargas impositivas y actualizar las leyes para responder a las necesidades de la economía digital, sobre todo en días en donde la tecnología va más rápido que la regulación.

Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne, fue enfático al afirmar que las compañías deben entender las nuevas necesidades de los usuarios.

“El usuario ha cambiado y el uso de datos y aplicaciones sigue creciendo. Esto genera que la economía digital avance de forma exponencial y por ello vemos, como empresa, que es necesario invertir para alcanzar la digitalización”, dijo el ejecutivo, quien añadió que TigoUne ha invertido 3,3 billones de pesos en los últimos tres años.

Cataldo concuerda con el Departamento Nacional de Planeación al afirmar que Colombia necesita 94 billones de pesos a 2030 para consolidar la economía digital.

En una posición similar se encuentra Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil, aunque insistió en la necesidad de renovar el marco regulatorio.

“Esta industria requiere más inversión; sin embargo, se necesita de una política pública que la incentive. Si hay más redes, la capacidad de innovación crece. El punto es que hay muchas cargas tributarias y eso genera que las firmas busquen invertir en otros lugares. Claro hoy invierte el 50 por ciento menos que el año pasado”, informó Archila.

Entre el cuarto trimestre de 2015 y de 2017, el PIB del sector de telecomunicaciones decreció de forma sistemática, implicando un retroceso de más tres años, lo que llevó a una reducción de la inversión de los principales operadores del país, quienes pasaron de invertir 4,56 billones de pesos en el 2014 a 3,16 en el 2017, de acuerdo con cifras de Asomóvil, el gremio de los principales operadores de telefonía.

Este decrecimiento, según los empresarios, se debe, precisamente, a que Colombia todavía legisla con normas del pasado.

“El sistema digital depende de que no trabajemos con reglas diseñadas en la época analógica. Y lamentablemente estamos conectando usuarios con leyes básicas. Es importante que los servicios tradicionales y nuevos se unan para ofrecer servicios acordes a las necesidades de las personas”, opinó José Daniel Gómez, gerente de Directv.

En una misma posición se encuentra Natalia Guerra Caicedo, vicepresidenta de asuntos públicos regulatorios de Movistar, quien hizo un llamado a cerrar la brecha digital.

“El nuevo gobierno debe hacer una revisión de los recursos públicos en materia social y apalancarlos para el cierre de la brecha; de lo contrario, el riesgo de la desigualdad en la era digital será mucho mayor”, señaló Caicedo.

En esta materia el reto que afronta Colombia es gigante. Según la encuesta TIC de 2017, el 40 por ciento de la población colombiana no tiene acceso a internet fijo y solo el 26 por ciento de los hogares rurales tiene conexión a la red.

Una forma de acortar la brecha, según Gustavo Jaramillo, gerente de Emcali, es proporcionar servicios tecnológicos gratuitos a las poblaciones menos favorecidas.

“Debemos llegar al punto en el que podamos ofrecer a los estratos bajos la posibilidad de utilizar herramientas gratuitas, como por ejemplo la nube, y así conectar a los no conectados”, indicó Jaramillo.

Pero no todo es negativo, argumentaron los empresarios, pues señalaron que Colombia, al tener más de 30 millones de conexiones de banda ancha, se convierte en una nación pionera en la región. Aunque, dicen, “depende de con quién se compare”.

¿Qué se necesita?
Al final del debate, todos los ejecutivos advirtieron sobre la necesidad de un regulador convergente. Dicha entidad, señalaron, se debe encargar de alivianar los procesos administrativos y dar vía rápida a las leyes que requiere la economía digital.

“Definitivamente necesitamos un regulador convergente y solicitamos claridad al nuevo gobierno para que nos diga de cuánto será la inversión que debemos hacer”, advirtió Jorge Castellanos, presidente de ETB.

El Mintic había planteado un proyecto de regulador convergente, pero a principios de julio de este año el Congreso aprobó el retiro del documento, por solicitud de la misma cartera.

El nuevo Congreso tendrá la potestad de revivir ese proyecto o las otras tres iniciativas que tienen el mismo fin: crear un único regulador.

Estos proyectos se reparten así: uno del senador Andrés García Zuccardi y dos del senador Jorge Hernando Pedraza. Por ley, estos documentos se unieron para crear una única propuesta. Y, por otro lado, están las iniciativas de la senadora María del Rosario Guerra y del Ministerio de las TIC.